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(10 de Junio del 2004 - San José, Costa Rica)
La resolución de la
Corte Constitucional es el resultado a partir de las denuncias
realizadas por PRETOMA en contra del Departamento de Aduanas y el
Instituto de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) con respecto a las
descargas ilegales de aletas de tiburón.
CASO # 1: El 31 de Mayo
del 2003 funcionarios del servicio nacional de guardacostas
presenciaron la descarga ilegal de 30 toneladas de aletas de tiburón en
un muelle privado de Puntarenas. La embarcación taiwanesa, Goida U
Ruey I, utilizando la bandera de conveniencia de Panamá, violó con esta
acción una prohibición de INCOPESCA sobre la descarga de aletas.
Debido a que el muelle es privado los funcionarios de guardacostas no
pudieron intervenir. Las aletas fueron rápidamente transportadas a un
lugar desconocido en tres contenedores.
CASO # 2: El 31 de Julio
del 2003 la embarcación Ho Tsai Fa #18 de bandera de Taiwán realizó
otra descarga de aletas de tiburón ilegalmente en otro muelle privado
de Puntarenas. Funcionarios del servicio nacional de guardacostas
solicitaron una orden para poder entrar al muelle, pero INCOPESCA
obstaculizó el proceso de intervención, alegando que no ocurrió ninguna
irregularidad. Videos grabados en el sitio muestran a pescadores
procesando las aletas en horas de la mañana, justa al lado de la
embarcación en cuestión, en el muelle privado.
PRETOMA denunció
ambos casos ante la Policía Fiscal de Aduanas, alegando que el
INCOPESCA ni siquiera quiere hacer cumplir sus propios reglamentos y
que Aduanas no cumple con las inspecciones de los productos descargados
en los muelles privados. En relación con los dos casos, PRETOMA señalo
que las leyes de Aduanas de Costa Rica son claras al señalar que los
muelles privados requieren una declaratoria de interés público de parte
de la Dirección General de Aduanas, para su habilitación y así poder
recibir descargas de embarcaciones extranjeras. Sin embargo, ningún
muelle privado en Costa Rica ha obtenido tal habilitación. Aun así,
tanto INCOPESCA como Aduanas toleran estas actividades ilícitas de
parte de todas las embarcaciones extranjeras para la pesca de tiburones.
Después
de varios meses sin recibir una respuesta, el 9 de Setiembre del 2003,
PRETOMA planteó ante la Policía Fiscal la necesidad de la aplicación de
una medida cautelar mientras fueran concluidas las investigaciones
sobre las denuncias planteadas, específicamente que los muelles
privados fueran cerrados para las descargas de embarcaciones
extranjeras hasta que las mismas ocurrieran en el marco de las leyes
costarricenses, bajo el Principio de Legalidad.
Debido al
silencio administrativo y aparente negativa a aplicar la medida
cautelar, PRETOMA interpuso una denuncia ante la Sala Constitucional,
alegando que ambas entidades abiertamente violan el artículo 50 de la
Constitución de Costa Rica - que otorga a todos los costarricenses el
derecho a un ambiente sano y un ecosistema ecológicamente balanceado -
por tolerar la descarga ilegal de aletas de tiburón al margen de
nuestras leyes y por ende sin un control gubernamental efectivo. La
práctica del aleteo es conocida mundialmente por ser insostenible y por
causar un gran desperdicio de recursos marinos pesqueros, causando una
disminución severa en la población de tiburones, cerca del 99% en
algunas áreas. Los estudios de PRETOMA muestran que las poblaciones de
tiburones en las aguas de Costa Rica han disminuido un 60% en los
últimos 10 años.
El 24 de Mayo del 2004, La Corte Constitucional
resolvió que Aduanas estaba violando no solo el artículo 50 de la
Constitución, sino que también estaba tomando una cantidad de tiempo
injustificable para resolver las denuncias planteadas por PRETOMA.
Como consecuencia la Corte ordenó que Aduanas resolviera la denuncia
planteada por PRETOMA a más tardar el día 4 de Junio del 2004. A pesar
de esto, las autoridades correspondientes no responden, y podrían
enfrentar una nueva denuncia por desacato.
"La única medida
cautelar es detener las descargas de embarcaciones extranjeras en los
muelles privados hasta que estos sean habilitados legalmente y se
declaren del interés público, tal y como lo exigen nuestras leyes",
dijo Randall Arauz, Presidente de PRETOMA. "Esta simple acción
mejoraría los controles y ni siquiera interferiría con el comercio,
pues existe un muelle público habilitado física y jurídicamente para
recibir a estas embarcaciones extranjeras en Barrio El Carmen,
Puntarenas. Los únicos afectados serían los que se aprovechan de la
falta de controles para descargar aletas de tiburón, evadir impuestos y
afectar el interés público en perjuicio de la sociedad costarricense",
añadió Arauz.